Como casi todo en la política del país sudamericano, el juramento de Maduro de este jueves se produce en medio de una fuerte polémica.
Sus rivales y gran parte de la comunidad internacional lo acusan de haberse convertido en un gobernante de facto. Estados Unidos lo tacha de «dictador» y el pasado viernes los países americanos en el Grupo de Lima aseguraron que no reconocerían su nuevo periodo presidencial.
Maduro, por su parte, reprocha a la oposición venezolana que se «ha vendido» a intereses extranjeros y culpa a Washington y a sus aliados de injerencia en los asuntos de Venezuela.
El meollo de la cuestión: muchos creen que no fue limpiamente elegido.
¿Qué pasa el 10 de enero?
De acuerdo con lo anunciado por Diosdado Cabello, hombre fuerte del chavismo, Maduro jurará su cargo el jueves 10 ante los magistrados del Tribunal Supremo. No estará Christian Zerpa, el juez que recientemente se marchó a Estados Unidos y denunció desde allí que el alto tribunal del país está controlado por el gobierno.
Ese mismo día, Maduro participará en lo que Cabello definió como «un acto con el pueblo» y en un encuentro con militares. Al día siguiente acudirá a la Asamblea Nacional Constituyente, impulsada por el propio Maduro como alternativa a la Asamblea Nacional controlada por la oposición desde su victoria en las elecciones de 2015. Allí se espera que presente las líneas de actuación de su gobierno.
Diosdado Cabello, a la izquierda, anunció en qué consistirían los actos de la jura de Maduro
¿Por qué será el 10 de enero?
La Constitución venezolana establece en su artículo 231 que el candidato ganador de las elecciones «tomará posesión del cargo de Presidente o Presidenta de la República el 10 de enero del primer año de su período constitucional».
Pese a que Maduro fue declarado vencedor en unos comicios celebrados en 2018, en realidad lo que expira ahora es el mandato inaugurado por el fallecido presidente Hugo Chávez con su victoria electoral de 2013.
La muerte de Chávez pocos meses después de su triunfo llevó a la convocatoria de unas elecciones para elegir a su sucesor, pero no al inicio de un nuevo mandato. Cambiaba el presidente por la muerte del anterior, pero no el periodo presidencial.
Solo agotado 2018 comienza un nuevo sexenio presidencial, el que va de 2019 a 2025, que Maduro se dispone a inaugurar pese a las críticas.
Cuáles son las irregularidades que se denuncian
Estados Unidos y varios de sus aliados aseguran que Maduro es un «dictador», una acusación repetida a menudo por sus rivales en Venezuela. Son muchas las irregularidades que denuncian, todas negadas por el gobierno.
De acuerdo con Estados Unidos, la Unión Europea, el Grupo de Lima y varias organizaciones civiles, las elecciones en las que en mayo de 2018 Maduro se proclamó vencedor no cumplieron con los estándares internacionales.
José Ignacio Hernández, experto en Derecho Constitucional venezolano, asegura que las elecciones «tienen un problema de origen, ya que las convocó la Asamblea Nacional Constituyente, que es un organismo ilegítimo, cuando según la Constitución debería haberlas convocado el Consejo Nacional Electoral». Añade que, al contrario de lo que sucedió en 2013, «a muchos candidatos y partidos se les impidió participar».
La Asamblea Nacional Constituyente fue impulsada por Maduro en mayo de 2017 después de que en 2015 la oposición lograra la mayoría en la Asamblea Nacional, órgano legislativo que desde que existe la Constituyente se ha visto despojada de sus funciones. Según Hernández, la invalidez de aquella elección implica que »Maduro no es el presidente electo y no se puede juramentar quien no ha sido electo».
Estados Unidos y la Unión Europea dijeron que las elecciones de mayo no cumplieron con los estándares internacionales
Hernández señala que «en derecho público se distingue entre legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Para el periodo 2013-2019 Maduro tenía su legitimidad de origen porque las elecciones de 2013 fueron reconocidas en todo el mundo, pero sus violaciones de los derechos humanos le hicieron perder la legitimidad de ejercicio».
Al no admitirse la limpieza de las elecciones de 2018, «habrá perdido también la legitimidad de origen, que era lo único que le quedaba a Maduro», añade Hernández.
Maduro recalca que en las elecciones de mayo de 2018 logró más de seis millones de votos y en una reciente entrevista afirmó que «en Venezuela gobierna y manda soberanamente el pueblo, y el pueblo ya decidió».
Además de la convocatoria por parte de la Constituyente, se cita entre las irregularidades del segundo mandato de Maduro el poco margen temporal que se dio en la convocatoria electoral. Hernández asegura que, de acuerdo con la Carta Magna venezolana, »las elecciones no pueden convocarse con menos de seis meses de antelación y en las de 2018 solo se dio un mes y medio».
Otro motivo de controversia es el hecho de que Maduro vaya a jurar como presidente ante el Tribunal Supremo y no ante la Asamblea Nacional.
La Constitución determina que el nuevo presidente debe jurar su cargo ante esta cámara legislativa, pero también que «si por cualquier motivo sobrevenido el Presidente o Presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia».
Maduro y sus seguidores sostienen que la Asamblea Nacional «está en desacato» desde que el Tribunal Supremo emitió en 2016 una sentencia en la que anulaba todas las decisiones de esta cámara.
La tesis gubernamental es la de que la Asamblea no es competente para tomarle juramento al presidente mientras persista esta situación, por lo que procede que el presidente jure ante el Supremo.
La oposición cree en cambio que todo obedece al plan de Maduro de neutralizar el poder del legislativo, cuyo control perdió en las urnas.
Todos los países del Grupo de Lima excepto México amenazan con medidas económicas contra Maduro si se juramenta como presidente.
Nuevas sanciones de Washington
El gobierno venezolano ya lleva meses pagando en forma de sanciones internacionales por una elección rechazada por Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo de Lima, y porque gran parte de la comunidad internacional considera a Maduro un gobernante ilegítimo.
Este mismo martes, Washington decretó una nueva ronda de medidas contra figuras de la élite política y empresarial venezolana.
Pero David Smilde, investigador especializado en Venezuela de la Washington Office of Latin America, no cree que Donald Trump vaya a «dar más pasos significativos a corto plazo».
«Trump ya tiene bastantes preocupaciones con el cierre del gobierno, con el muro con México y con la investigación de la supuesta colusión con Rusia», indica.
Aunque no descarta que la fecha del 10 de enero «tenga un valor simbólico que movilice a la oposición», dice que «no parece que las cosas vayan a cambiar mucho más».
El gobierno de Donald Trump ha impuesto sucesivas rondas de sanciones contra Caracas
