Los Mossos d’Esquadra, el cuerpo de policías exclusivo de Cataluña, se han convertido en la manzana de la discordia que mantiene el gobierno central con el autonómico.
Falta unos pocos días para el 1 de octubre, fecha en que se prevé la celebración de un referendo independentista prohibido por la justicia española, y el papel que estos agentes cumplirán ese día aún no está del todo claro para ciertos políticos, ciudadanos ni para algunos mossos mismos.
¿Permitirán las urnas o impedirán la votación? Es una de las tantas incógnitas que rondan el procés, como llaman en Cataluña a su «proceso de independencia».
La respuesta varía según a quién se pregunte.
«Los mossos son la Policía de todos los catalanes» y no sólo de los secesionistas, advirtió el portavoz del gobierno central, el ministro Iñigo Méndez de Vigo.
La postura oficial es que los Mossos d’Esquadra acatarán las órdenes que vengan desde Madrid. Pero esta, por si acaso, ha tomado medidas.
La semana pasada, el fiscal a cargo de evitar la consulta designó a un coronel de la guardia civil como coordinador del operativo de seguridad y dictó que todas las fuerzas policiales, incluidos los mossos, quedaran bajo su mando. Es decir, sin la Generalitat (el ejecutivo catalán) de por medio.
A Joaquim Forn y Josep Lluís Trapero no les sentó la bien la orden de que los Mossos pasen de forma provisional al mando directo del gobierno central.
Esta puso el grito en el cielo y calificó la decisión de «inaceptable».
Los Mossos d’Esquadra dependen del Departamento de Interior, una especie de ministerio regional encargado de la seguridad dentro del territorio catalán.
Su responsable, Joaquim Forn, mostró el sábado su rechazo: «El cuerpo no renunciará jamás a ejercer las competencias que le son propias».
El jefe de los mossos, el mayor Josep Lluís Trapero, en cambio, aclaró ese mismo día en un comunicado dirigido a sus agentes que «seguiría cumpliendo las órdenes» del fiscal.
Aunque puntualizó que «no compartía» que «parte» de su actividad fuera «ordenada y tutelada por un órgano que dependía del Ministerio de Interior».
Pero este miércoles, su superior y director de los mossos, Pere Soler, volvió a alimentar la confusión con un tuit: «Que nadie se equivoque, la misión principal de los policías, Mossos d’Esquadra, Guardia Civil y Policía Nacional, esgarantizar derechos, no impedir su ejercicio».
Carles Puigdemont admitió que los mossos deberán acatar la orden de retirar las urnas pero confió en que esto no suceda.
Los sindicatos denuncian que los políticos les han trasladado un conflicto que no debería haber salido de su esfera mientras algunos agentes lamentan que se les ponga en una posición de confrontación con un amplio sector de la ciudadanía.
«Está en riesgo la cohesión interna de Cataluña e incluso la de los cuerpos policiales», aseguró a BBC Mundo Valentín Anadón, portavoz de Fepol, el sindicato mayoritario en este cuerpo policial.
Pese a que Trapero insistió en que se ceñirán a ejecutar las directivas que se le den, el movimiento independentista aún guarda la esperanza de que, llegado el momento, los mossos hagan la vista gorda.
Los políticos
«Tenemos la confianza, la esperanza de que se pondrán del lado de la defensa de los derechos democráticos», afirmó el lunes en una entrevista televisiva Benet Salellas, diputado en el Parlamento catalán por la CUP, un partido favorable a la independencia.
«Deben desobedecer. Tienen que ponerse del lado de la gente. En este país (en referencia a Cataluña), el 80% de la población ha dicho que quiere un referendo, que quiere votar».
No fue el único. Ese mismo día, otros tres parlamentarios de otra formación soberanista, Demócratas de Cataluña, pidieron a los agentes en un acto que, si las autoridades dictaban la detención del presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, la »impidieran».
Algunos diputados catalanes pidieron a los mossos que desobedezcan a la Fiscalía.
«Hay que hacer un llamado a los Mossos y a la ciudadanía para no permitir la detención y mantener la movilización hasta resolver el conflicto a través de la votación», clamó uno de ellos.
Consecuencias «muy graves»
Hacerles caso podría salirle caro a los agentes, como explicó a BBC Mundo el portavoz del Sindicato de Policías de Cataluña (SPC), David Miquel.
Las consecuencias de no acatar una orden podrían ser «muy graves» e implicar la «inhabilitación del cargo o la imputación de delitos». Por eso, la Generalitat se cuida de no hacer ningún llamado a la desobediencia.
«Si los mossos reciben el mandato de un juez (de quitar las urnas), deberán cumplirlo», admitió Puigdemont en una entrevista transmitida el domingo por la televisión.
«Pero dudo mucho que el 1 de octubre, con millones de personas queriendo votar, la acción policial sea retirar unas urnas», añadió el presidente catalán.
De desobedecer, los mossos se enfrentarían a «consecuencias muy graves» como la inhabilitación del cargo o la imputación de delitos.
Miquel recordó que cada agente es responsable de sus actos: «Podemos negarnos a cumplir una orden, pero sólo si es ilegal».
Pero en el caso catalán, al estar enfrentados dos poderes ejecutivos elegidos de forma democrática, algunas personas han cuestionado la legalidad e incluso se han animado a hacer su propia interpretación de ella.
Mossos por la Independencia
Una de ellas es Albert Donaire, coordinador de Mossos por la Independencia: «Tenemos dos legalidades y sea cual sea la actuación de cada agente, estará amparada por una de ellas», aseguró a BBC Mundo.
La agrupación forma parte de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), una de las asociaciones que más ha presionado para la realización del procés.
Mossos por la Independencia cuenta con 300 miembros «con derecho a voto», según Donaire, que aseguró que hay muchos más agentes dentro de la ANC que no se integran en la sectorial de mossos por «temor a represalias».
La lógica que defiende este policía es que «actualmente, hay una legalidad vigente en Cataluña y otra que se intenta imponer desde España».
Los mossos viven un momento de popularidad como resultado de su actuación durante lo atentados del mes pasado en Barcelona y Cambrils.
La primera derivaría de la ley del referéndum que aprobó el Parlamento catalán el 6 y 7 de septiembre. Esta, sin embargo, se encuentra paralizada por decisión del Tribunal Constitucional (TC), lo que da lugar a esa segunda legalidad que Donaire considera impuesta.
El razonamiento de Donaire supera el obstáculo de la suspensión del TC de la siguiente manera: la ley del referéndum «se ampara en el derecho internacional», que «reconoce el derecho de autodeterminación de los pueblos» y la constitución española reconoce el derecho internacional.
Así es el triángulo que, para Donaire, permitirá a los mossos elegir la legalidad que quieran el día del referéndum.
«En mi entorno la gente quiere votar»
Su situación refleja el dilema de aquellos agentes favorables a la independencia. «Donde vivo y trabajo, la mayoría tiene una opinión similar a la mía, independientemente de cómo actúe el próximo 1 de octubre», afirmó Donaire.
«Todos tenemos familia, hipoteca, obligaciones… Pero la voluntad de la mayor parte de mi entorno es depositar el voto en la urna a la salida del trabajo».
Dentro de la ANC, hay una sectorial de Mossos por la Independencia.
Los mossos han sido acusados en los últimos días de dejadez, lo que ha generado choques con otros cuerpos. Como el que se dio la semana pasada cuando la Guardia Civil registraba un edificio oficial en Barcelona.
Miles de manifestantes rodearon el inmueble y les impidieron la salida. Los guardias civiles no podían actuar porque en ese momento era la policía catalana la encargada de la seguridad ciudadana.
Esta llegó después y no fue hasta horas más tarde que todos pudieron retirarse de forma segura. Los mossos negaron a BBC Mundo que haya habido un retraso ese día.
Pero la prensa española dio cuenta de la queja de la Guardia Civil y Juan Fernández, portavoz de AUGC, el sindicato mayoritario en esa entidad, confirmó que «hubo un exceso de tiempo» que se debería a «órdenes de las más altas instancias de los Mossos d’Esquadra» y que el incidente está bajo investigación.
Miquel, del SPC, admitió que dentro del cuerpo «hay gente que se ha posicionado, como en todos los grupos numerosos».
El gobierno central ha movilizado hasta Cataluña agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, a los que ha alojado en cruceros, para evitar la consulta.
Pero se mostró convencido de que, «en principio», la mayoría de los Mossos d’Esquadra obedecerá a Madrid. Aunque «puede ser que alguno diga directamente que no las va a llevar a cabo (las órdenes)».
Anadón coincidió con Miquel en que, también «en principio», no hay dudas entre los mossos sobre cómo deberán actuar el día de la consulta.
«Pero las emociones están a flor de piel por parte de los dos planteamientos políticos, que son muy divergentes, y el papel que tenemos es muy delicado», añadió.
El sindicalista denunció un «intento de instrumentalización de la labor policial por parte de las fuerzas políticas» y sostuvo que el sentimiento que impera entre los agentes es de «decepción ante el fracaso de la política».
La ciudadanía
Junto a Òmnium Cultural, la ANC es la organización de referencia para el movimiento independentista catalán.
Cada Diada (el 11 de septiembre, día nacional de Cataluña), organiza manifestaciones a favor de la independencia que en los últimos años han registrado una asistencia multitudinaria.
En España reina la incertidumbre sobre qué sucederá el 1 de octubre.
Enric Blanes, uno de sus secretarios nacionales, admitió a BBC Mundo que en elsector soberanista existe «la expectativa» de que los mossos se nieguen a impedir la votación.
Sobre todo en un momento en el que gozan de tanta popularidad.
«Después de los atentados en Barcelona y Cambrils en el mes de agosto, se vio una reacción natural de la mayoría de la gente de proximidad hacia su policía. Consideraban que había tenido una intervención muy efectiva y se produjo un movimiento de reconocimiento a la policía catalana».
Falta de claridad
Cada bando se aferra a las partes de la realidad que mejor se adaptan a su propósito.
Mientras los titulares de los diarios nacionales informaban de que Trapero acataría las órdenes de Madrid, los medios de comunicación catalanes favorables a la independencia se centraban en el «no comparto» del jefe de los mossos para titular que este rechazaba quedar bajo el mando del gobierno central.
Los mismo hizo Blanes, que negó que el cuerpo haya aceptado obedecer a la Administración estatal.
Mossos, policías nacionales y guardias civiles participan en el dispositivo para evitar el referéndum.
El resultado es que la falta de claridad se ha convertido en una protagonista más del procés y reina la incertidumbre sobre qué pasará este 1 de octubre.
Blanes confía en que la asistencia sea tan multitudinaria, que ni siquiera se lleguen a emitir esas órdenes que temen algunos mossos.
«El Estado español es muy poderoso, pero al final su poder acaba donde la gente niega su consentimiento», insistió.
«Si se arriesga a tomar decisiones contra la mayoría de catalanes, las consecuencias serán imprevisibles… No podemos imaginar que vaya a haber una intervención policial destinada a sembrar el caos», añadió.
El mayor Trapero parece compartir esta opinión y este miércoles trasladó a la Fiscalía sus preocupaciones.
Su cuerpo tiene la orden de precintar todos los colegios electorales antes del sábado, algo que según él »podría comportar consecuencias no deseadas» como problemas de «seguridad ciudadana» y «el previsible riesgo de alteraciones de orden público», según informó la prensa española.
«El sentimiento que hay entre los compañeros es que nos están haciendo actuar contra la ciudadanía y contra los derechos de la gente», afirmó Donaire.
Anadón recordó que «un cuerpo policial no puede tener como base si su actuación va a gustar».
«Hay veces en que tienes que hacer las cosas aunque no te apetezcan», zanjó.
