Los trabajadores activos, jubilados y pensionados de la Asamblea Nacional demandan al gobierno el pago de pasivos laborales por 26,5 millardos de bolívares que les adeudan desde 2016. “Han realizado 13 protestas de calle para reclamarlos”, informó José Vicente Rivero, directivo del Sindicato de la AN.
“Como consecuencia de la mora del Ministerio y la Oficina Central de Presupuesto, se incumple 72,3% de las cláusulas del contrato colectivo vigente”, señaló el sindicalista. Uno de los conceptos involucrados, la póliza de HCM, con lo que los trabajadores y sus familias están sin esa protección de salud porque el despacho de Economía y Finanzas no paga a la aseguradora.
Rivero recordó que por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia, la competencia de los pagos laborales la tiene el Ministerio de Economía y Finanzas, pero ese despacho solo cancela los salarios, pensiones y bono de alimentación de 4.500 trabajadores activos, jubilados y pensionados del Parlamento.
Asimismo, el Servicio Médico que era modelo de eficiencia en la atención primaria al personal de la AN y sus familias solo atiende los casos más graves.
Rivero aseguró que la caja de ahorros no está funcionando porque el ministerio no deposita su alícuota ni la de los trabajadores, pese a que ese aporte es descontado del salario. “Esa misma situación ocurre con los aportes patronal y del trabajador al fideicomiso de las prestaciones sociales”, reveló.
Resaltó que 372 hijos de los trabajadores que asisten a la guardería y el preescolar no reciben el desayuno, almuerzo y meriendas como lo establece la contratación colectiva. Igualmente, les deben otras obligaciones de la contratación colectiva por matrimonio y becas especiales.
El dirigente resaltó que el sindicato y los trabajadores han enviado más de 30 comunicaciones a Onapre y al despacho de Economía y Finanzas, pero no han recibido respuesta de ninguna de ellas. Precisó que el 15 de agosto pasado y el 2 del presente mes dejaron en Correspondencia de Miraflores unas cartas dirigidas al presidente Nicolás Maduro en las que solicitan que se solucione el problema.
La diligencia más reciente fue el lunes con la introducción de un recurso de amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuyo ponente será el magistrado Juan José Mendoza. En dicho recurso los trabajadores reclaman el restablecimiento de sus derechos humanos y laborales consagrados en la Constitución.
“El proceso para que el TSJ dé un fallo tomará dos semanas. Si luego de ese lapso no hay respuesta, realizaremos acciones sindicales más contundentes”, advirtió Rivero. Aclaró que ningún trabajador del Parlamento labora para la asamblea nacional constituyente.