En la sesión ordinaria de este martes los diputados a la Asamblea Nacional acordaron solicitar a la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, sus buenos oficios para la liberación de los más de 700 presos políticos del régimen de Nicolás Maduro, entre los que se encuentran el primer vicepresidente del Parlamento, Edgar Zambrano, y el legislador Juan Requesens.
Tras un debate que duró cerca de una hora, los 94 parlamentarios presentes en la plenaria aprobaron pedir la mediación de Bachelet para que cese la persecución del régimen contra los asambleístas que hoy están en la clandestinidad o exiliados.
Manifestaron su apoyo a la labores de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en su tarea por restablecer la vigencia de las garantías constitucionales y contribuir a evitar que la emergencia humanitaria compleja conduzca a una catástrofe humanitaria.
En la sesión, que se vio afectada por cuatro cortes de luz, el Parlamento acordó entregar un informe a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en el que se describa la situación de la crisis política, económica, social y de servicios públicos, y solicitar la creación de una oficina en Caracas, con el objetivo de fortalecer el sistema de prevención de derechos humanos.
Reiteró la urgencia del ingreso de la ayuda humanitaria, “destinada a reducir el sufrimiento y penuria de los sectores vulnerables de la población, como niños y ancianos”, e insistieron en la necesidad de que los ciudadanos recuperen la institucionalidad y los espacios democráticos.
Durante el debate, los parlamentarios recordaron la emergencia humanitaria compleja que vive el país, la cual ha afectado la salud, la alimentación, la educación y la calidad de vida de la población, debido a la hiperinflación, la crisis de los servicios públicos, la escasez de gasolina, la falta de dinero en efectivo y la opacidad informativa.
“El secretario general de la ONU aceptó la crisis humanitaria compleja y violación de derechos humanos en el país. Ahora debe decirles a los responsables que liberen a los presos políticos y a la economía”, manifestó José Trujillo, vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Social. Su intervención se vio afectada por una falla eléctrica.
Afirmó que la gravedad de la situación nacional hace que los niveles de desnutrición infantil sean de 30%; es decir, 7 de cada 10 niños sufren desnutrición de hasta tercer grado, y que 82% de la población haya perdido más de 10 kilos por mala alimentación.
Pidió a Bachelet que no acepte una agenda impuesta por la cúpula gobernante, sino que durante los tres días que esté en el país visite hospitales, cárceles, supermercados y centros de acopio.
El diputado Enrique Márquez, de Un Nuevo Tiempo, aseguró que la visita de la Alta Comisionada, que será desde el 19 hasta el 21 de junio, es “una oportunidad de oro para que contribuya a la solución definitiva de la situación del país”, en vista de que representa una de las voces más escuchadas en el ámbito internacional.
“Nos gustaría que no se quedara solo en Caracas. Que vaya a Puerto Ordaz, a Mérida y al Zulia para que constate las condiciones infrahumanas en que viven los venezolanos, que vaya a tocar a nuestro pueblo”, señaló.
Luis Stefanelli, de Voluntad Popular, recordó que la crisis humanitaria tiene su causa en la “corrupción desmedida y desaforada, el saqueo que ha hecho en los últimos veinte años” el régimen chavista.
Indicó que este delito es el principal enemigo de los derechos humanos: “Esos dólares que se robaron son dólares de sangre que les ha costado la vida a centenares de venezolanos”.
Omar González, de la Fracción 16 de Julio, se mostró esperanzado en que durante su permanencia en territorio nacional, Bachelet exija “el cese inmediato del hostigamiento, acoso y asedio permanente que tiene el régimen usurpador contra el Parlamento”.
Yajaira Forero, de Primero Justicia, aseguró que al gobernante chavista no le importa solucionar los problemas de la sociedad, sino mantener a los ciudadanos haciendo colas por comida, agua o gasolina u ocupados en busca de medicinas. “Cada día que el usurpador pasa en el poder es una ola de muerte”, dijo. Y añadió: “Al usurpador no le interesa que la situación del país salga a luz pública, y persigue a los medios de comunicación y a los periodistas para ocultarlo. Pero acá en Venezuela se ha encontrado con un bravo pueblo, que a pesar de saber que puede perder la vida y la libertad, ha visibilizado esta grave crisis”.
Rechazo a la corrupción
En la sesión ordinaria a la que los periodistas, camarógrafos y diputados lograron ingresar tras burlar las medidas de seguridad de la Guardia Nacional Bolivariana, los legisladores ratificaron su compromiso en la lucha contra la “dictocracia” que, para ellos: “(Es) el principio del flagelo que ha destruido a nuestra nación bajo el amparo de la complicidad de quienes usurpan el poder”.
Rechazaron cualquier manejo irregular del patrimonio público y cualquier ejercicio arbitrario de las funciones inherentes al Estado, en relación con la denuncia sobre la presunta malversación de fondos destinados a la atención de militares en Cúcuta, Colombia, por parte de representantes del gobierno interino.
El Legislativo acordó empezar una investigación, desde la Comisión de Contraloría, con respecto a la denuncia antes mencionada y la creación de una comisión especial para monitorear la cooperación internacional en materia de ayuda humanitaria, que estará integrada por los jefes de fracciones parlamentarias. Además, aprobó la creación de una comisión especial que se encargará de preparar el nombramiento de un contralor especial.
“No podemos aceptar y tolerar que se use un solo bolívar de manera indebida. Tenemos que ser garantes de la Venezuela que queremos y no repetir los errores del oficialismo”, indicó el diputado Alfonso Marquina, de la tolda aurinegra, encargado de presentar el acuerdo.
Afirmó que los parlamentarios deben ser los principales garantes de que en Venezuela “nunca más se vuelva a utilizar el dinero de los pobres para enriquecer a unos cuantos vivos”.
Carlos Berrizbeitia, de Proyecto Venezuela, exigió, durante su intervención, que las averiguaciones por hechos de corrupción sean retomadas, al recordar que la investigación al canal de televisión Globovisión tiene dos meses paralizada. “Venezuela necesita un sacudón moral. Este debe ser el inicio de una gran cruzada para devolver a la ciudadanía la moral en el manejo de los fondos públicos”, afirmó.
Manuela Bolívar, de Voluntad Popular, recordó que el dinero que han aprobado países en ayuda humanitaria para la nación no es manejado por el Parlamento, sino por agencias de cooperación que implementan programas de ayuda en territorio nacional; además de ONG que garantizan que la asistencia llegue a «quien muere por hambre y falta de insumos», aunque «es más fácil que entre cocaína a que entre un antibiótico».
Destacó que el proyecto de acuerdo para la garantía de la transparencia en el manejo de los recursos destinados a la asistencia de militares, aprobado este martes, representa la «transparencia, la justicia y las prácticas distintas en el ejercicio de la política».
«La corrupción no es un camino, no podemos permitirnos fallar. No está en juego un proyecto personal, es nuestro futuro de vida en el país, y si fracasamos, vamos a fracasar todo», dijo.