Qué hará la oposición tras el anuncio del 30 de julio como posible fecha de la elección de los constituyentes es la pregunta que ayer respondieron los diputados de la oposición durante la plenaria de la Asamblea Nacional.
Durante la discusión de un acuerdo en rechazo «a la actuación inconstitucional del Poder Electoral ante una supuesta asamblea nacional constituyente que no ha sido convocada por el pueblo mediante referéndum», los diputados y el texto mismo del acuerdo respondieron la interrogante.
«Señoras rectoras, si de aquí al 30 de julio insisten en realizar ese fraude, el pueblo en la calle va a impedir que se dé esa elección. Lo vamos a impedir cuerpo a cuerpo, sin armas, pero con el derecho que tenemos a impedir que acaben con la Constitución», afirmó Juan Pablo Guanipa (PJ).
Simón Calzadilla (MPV) ahondó en el llamado: «No vamos a permitir que los 14.000 centros de votación sean instrumento de este fraude, y nuestros maestros, nuestros electores, nuestras comunidades les van a decir a los militares que vamos a derrotar este fraude cuerpo a cuerpo, con nuestras maestras, y estudiantes y todo el pueblo».
El acuerdo aprobado advierte que «una ANC inconsulta es una usurpación del poder constituyente y el pueblo enfrentará decididamente tal elección y desconocerá activamente ese proceso en contra de la soberanía».
Carlos Prosperi (PJ) planteó además -y así lo recogió el acuerdo aprobado- solicitar al Ministerio Público una investigación contra las rectoras del CNE que se han prestado para la usurpación de la soberanía. El acuerdo también llama a la suspensión del proceso constituyente y a la ciudadanía a continuar en la calle para rechazarlo.
«Ese llamado es contrario a la Constitución. El pueblo sabe que no hay vuelta atrás. Es un punto de no retorno y por eso el pueblo no va a abandonar la lucha pacífica. La constituyente no va porque el pueblo la rechaza. La Unidad tiene un plan bien elaborado de protestas nacionales para impedir esa constituyente», agregó el presidente de la AN, Julio Borges (PJ), al finalizar la sesión.
Censura a la vista. El ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, no asistió ayer a la comparecencia a la que fue citado por el pleno del Poder Legislativo para que respondiera por los casos de represión cometidos en las últimas semanas por los cuerpos de seguridad del Estado. En consecuencia, José Manuel Olivares (PJ) solicitó empezar el procedimiento para imponerle un voto de censura que implicaría su remoción. Para ello habrá una sesión especial mañana a las 11:00 de la mañana.
«Por los 15.000 heridos por acción de la GNB y la PNB, 22 personas con fracturas en distintas partes del cuerpo, 26 personas con fractura de cráneo, 657 heridos con metras, 176 heridos de perdigón, 56 linchados y robados por funcionarios en moto; por los muertos, por la inseguridad que no ha sabido evitar, solicito la moción de censura. Si hay un patrón es porque hay una orden: la orden de asesinar a venezolanos», dijo Olivares.
Delsa Solórzano (UNT), presidente de la Comisión de Política Interior, consignó a la directiva un informe que recoge las investigaciones del MP según las cuales al menos 7 de las 63 muertes registradas durante la represión fueron responsabilidad de funcionarios militares o policiales. Además, reporta 17 denuncias recibidas por la comisión sobre presuntas desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, paso de civiles a tribunales militares. El informe también reseña los patrones en la represión contra manifestaciones pacíficas, zonas residenciales, hospitales y escuelas; además de la violación de 12 derechos humanos; entre otros hechos bajo la responsabilidad de Reverol.
Lea aquí el informe de la comisión de Política Interior sobre actuaciones del ministro Reverol en la represión de las manifestaciones