La Asamblea Nacional retomó ayer las sesiones y aprobó por unanimidad un acuerdo de rechazo a los resultados de los comicios de gobernadores celebrados el domingo pasado. Declaró fraudulento el proceso comicial del 15 de octubre, así como las actuaciones del Consejo Nacional Electoral, en alianza con el gobierno y el Tribunal Supremo de Justicia.
Exigió al CNE que «facilite la realización de una auditoría integral, cualitativa y cuantitativa de todo el proceso por parte de organismos internacionales y a cargo de expertos independientes. Además, «crear una comisión especial encargada de documentar exhaustivamente las violaciones al proceso electoral perpetradas» por el CNE y el resto de órganos del Estado «que están al servicio del Ejecutivo».
El Poder Legislativo denunciará ante la comunidad internacional «la grave violación de la soberanía popular y de los derechos políticos» que a su juicio ha cometido el Poder Electoral, y remitirá el texto aprobado a instancias internacionales que se ocupan de los derechos humanos y democráticos.
El debate. El diputado Américo De Grazia, por el estado Bolívar, declaró que el 15 de octubre se despejaron todas las dudas sobre la confiabilidad del CNE. “Aquí está la demostración de que el sistema electoral es perfectamente vulnerable. Además del ventajismo con el impedimento de la sustitución del candidato Francisco Sucre, se logró la unidad alrededor de Andrés Velásquez”.
Añadió que en ese estado el candidato de la Mesa de la Unidad Democrática “ganó por más de 8.000 votos”. “Siempre se había hablado de fraude, pero el 15-O se comprobó”.
Ismael García, ex candidato por Aragua, señaló que en su entidad fueron detenidas varias personas: «Desde el 15 de octubre hay testigos electorales detenidos por el régimen de Maduro. Tenemos 35 testigos presos, 36 centros de votación fueron cambiados a dos cuarteles, eso significa 88.000 votantes».
Larissa González, ex aspirante por Delta Amacuro, denunció que los electores, miembros de mesa y testigos se vieron expuestos a innumerables vejaciones y abuso de poder, llevados a cabo por funcionarios del Plan República. “Fueron los militares quienes arrebataron a los ciudadanos la posibilidad de cambio y un estado de igualdad».
Afirmó que el fraude fue continuado, se utilizaron los recursos del Estado, el voto asistido a indígenas y empleados públicos, votos con carnet de la patria, sufragio múltiple, chantaje con bolsas del CLAP y pago del voto en los propios centros de votación, «además impidieron la presencia de testigos, fue así como el régimen se comportó para obtener una victoria fraudulenta».