Los diputados a la Asamblea Nacional debatieron en la sesión ordinaria de este martes la crítica situación que se vive en las zonas fronterizas del país a causa del cierre de la frontera por parte del régimen de Nicolás Maduro, la presencia de grupos irregulares y la situación de los servicios públicos.

Karim Vera, presidente de la Subcomisión de Frontera e Integración Territorial, aseguró durante su intervención que la reciente reapertura de los pasos fronterizos, anunciada por el Ejecutivo, es “un espectáculo, porque la frontera sigue cerrada”. 

Indicó que solo se habilitó el paso peatonal en Táchira, el cual estaba funcionando con el cobro de un peaje o «colaboración», como lo llamaba el Ejército venezolano, para permitir que los ciudadanos circularan por los puentes. “Forma parte de un gran negocio que es controlado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, agregó.

Denunció ante la plenaria que el cierre unilateral de la frontera trajo consecuencias devastadoras en las entidades limítrofes, en el área política, social y económica. 

Afirmó que grupos irregulares regulan el narcotráfico, la trata de personas, el cobro de vacunas y el secuestro “ante la mirada permisiva de la FANB”. “Quienes se encargan de la seguridad de la nación y ejercen soberanía son los grupos promovidos por Nicolás Maduro y su combo”, alertó.

El diputado de Copei, Franklyn Duarte, afirmó que en los municipios fronterizos del estado Táchira se vive un conflicto armado entre grupos irregulares por el control del territorio, en el que incluso han resultado heridos venezolanos de a pie. 

“Jóvenes son reclutados por grupos irregulares, pretenden crear carnet biométrico de seguridad fronteriza, eso es porque vieron otro huequito por donde robar, eso será una alcabala para la corrupción”, señaló. 

Exigió a la FANB la expulsión de los grupos subversivos: “Si es de usar las armas, estoy seguro de que cuentan con el respaldo de la Asamblea”. 

Carlos Valero, de Un Nuevo Tiempo, cuestionó las recientes declaraciones del canciller Jorge Arreaza, quien afirmó que las cifras migratorias ofrecidas por la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados forman parte de una política intervencionista para tratar de obtener recursos.

“Acusa a las Naciones Unidas de corrupción al decir que está manipulada la información para buscar ingresos por esta crisis. Frente al dolor de las familias divididas, debemos enfrentar la indignación de la burla del régimen. Es una absoluta canallada de Arreaza pretender invisibilizar la situación de los venezolanos en el mundo”, manifestó.

Afirmó que el flujo migratorio de los venezolanos, que, de acuerdo con Acnur, supera los 4 millones, “tiene su origen en este modelo, su profundización en la usurpación, y tiene solución en el cese de la usurpación”. 

Julio Ygarza, de la Fracción 16 de Julio, denunció la destrucción del ecosistema en los estados Amazonas y Bolívar debido a la explotación de la minería ilegal.

“Están contaminando nuestra naturaleza y medioambiente, pero el gobierno no hace nada para detener estas prácticas ilegales. No podemos permitir que el oro, el coltán y el petróleo haga que otros países sean de economía floreciente”, precisó. 

Eliezer Sirit, presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad, denunció la desaparición de 42 personas que partieron en un peñero desde el estado Falcón con destino a la isla de Curazao, en busca de una mejor calidad de vida. “Hoy no se sabe de su paradero y el régimen no ofrece información ni activa mecanismos de búsqueda”, aseguró. 

Indicó que en la embarcación se encontraban 30 jóvenes, con edades comprendidas entres los 16 y 30 años, quienes “tomaron la decisión de asumir ese riesgo para tratar de ayudar a sus familias” ante la crítica situación del país. 

“Aguanten unos días, sigamos dando la pelea en territorio nacional porque estamos seguros de que el cese de la usurpación está muy cerca y el gobierno de transición no les va a negar las oportunidades”, pidió a la juventud venezolana. 

Creación del Monitor de Servicios Públicos

Los 107 legisladores presentes en la plenaria aprobaron la creación del Monitor de Servicios Públicos, ente que estará adscrito a la Comisión de Administración y Servicios y que se encargará de la recolección y divulgación de información sobre la prestación del servicio de agua potable, electricidad, disposición de desechos y telecomunicaciones, con el objetivo de favorecer la denuncia de las comunidades y su participación como parte de la contraloría ciudadana.

La instancia contará con un gerente general, un consejo técnico de universidades, organizaciones no gubernamentales y asociaciones, un equipo de monitoreo, seguimiento y análisis, y un consejo consultivo integrado por los diputados Nora Bracho, presidente de la Comisión de Administración y Servicios; Ezequiel Pérez, Manuela Bolívar, Avilio Troconiz y el ex concejal Rafael del Rosario, como consultor externo.

“Creación del Monitor de Servicios Públicos que servirá de observatorio nacional para compartir información veraz y oficial de la situación de los servicios de la nación para que haya claridad y dirección a las políticas públicas que tomaremos a futuro”, dijo Bracho al presentar el proyecto a alrededor de las 12:00 del mediodía. 

Afirmó que en el territorio nacional se vive “un caos que está a punto de una catástrofe humanitaria”. El servicio de agua potable, que es un derecho universal, “es restringido; el sistema eléctrico, precario; el transporte público no transporta a nadie; miles de madres protestan porque no tienen gas doméstico y gran parte del territorio no tiene servicio telefónico ni Internet”, afirmó.

Troconiz responsabilizó de “la devastación de todos los servicios públicos” a la cúpula gobernante, por su irresponsabilidad a la hora de atender el sistema y la corrupción.  

Señaló que en el estado Zulia la situación es grave, debido a que solo recibe 18% de la energía eléctrica que se consume, y 90% del transporte público ha desaparecido. Esto ha afectado a la distribución del agua, la gasolina, los alimentos y el efectivo. 

Mencionó que la Comisión para el Plan País debe tener presente la descentralización de todos los servicios públicos, para aprobarlo en cuanto cese la usurpación. 

Al comienzo de la sesión, los parlamentarios también aprobaron la designación de Isaac Salama como representante diplomático del reino de los Países Bajos, en sustitución de Gloria Notario, y de Julián Cárdenas García, como miembro de la junta administradora ad hoc de Petróleos de Venezuela S. A.