Corrupción, grupos venezolanos armados, guerrilla colombiana, complicidad de la Fuerza Armada Nacional, explotación laboral y hasta sexual envuelven la actividad del Arco Minero.
Nicolás Maduro decretó ese territorio como Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco en febrero de 2016, una idea que había anunciado el fallecido presidente Hugo Chávez en 2011.
El régimen levantó ese plan como un intento por conseguir recursos ante la caída de la producción petrolera, que por décadas sostuvo a Venezuela. El oficialismo busca con el proyecto aprobar y certificar 8.900 toneladas en reservas de oro hasta 2025.
Sin embargo, la explotación del Arco Minero del Orinoco avanzó sin que se hayan realizado los estudios de impacto sociocultural y ambiental necesarios.
Un indígena del Amazonas, que pidió que se mantuviera en el anonimato, afirmó que las sociedades originarias se han visto afectadas en diferentes ámbitos por la minería ilegal en esa zona.
Precisó que la mayoría de los nativos ha abandonado sus comunidades para buscar beneficios económicos en ese proyecto. Pero la realidad con la que se ha encontrado es totalmente diferente a la que se imaginaba.
Dijo que los indígenas son explotados laboralmente y en el caso de los jóvenes, hasta sexualmente.
“Es un ciclo. Ellos gastan mayores recursos yendo a la minería ilegal, pero la alimentación y todo se queda por allá. Los indígenas cuando regresan a sus casas, vuelven sin nada. Más bien han dejado a la familia, a su esposa, al hogar dividido y consiguen a su otra pareja por allá”, explicó.
Presencia del ELN
El hombre resaltó que personas de otras nacionalidades también practican la minería ilegal y que tratan de quitarles territorio “bajo la autoridad del Estado”.
“Primero entran ofreciendo ayuda, pero cuando se dan cuenta, la autoridad de toda la zona la ejercen grupos guerrilleros como el ELN. Ellos tienen sus ‘autoridades’ distribuidas con las que manejan un sistema sobre el funcionamiento de la minería ilegal. Trabajan en conjunto con militares venezolanos, se apoyan y se benefician de los recursos que se sacan de ahí”, develó.
Añadió que 95% de los minerales extraídos del Arco Minero se lo llevan el Ejército de Liberación Nacional, bandas armadas y militares venezolanos.
Indicó además que las personas que trabajan en la minería ilegal no pueden comentar con el mundo exterior cómo se maneja ese negocio dentro del Amazonas, pues sienten temor de que tomen represalias contra ellas o sus familias.
También reveló que los medicamentos que llegan a Puerto Ayacucho van destinados a la minería ilegal porque se comercializan en oro.
“A las autoridades de la salud les conviene más hacer negocios que salvar vidas. Todo se mueve en oro en esa ciudad. Antes era secreto, nadie hablaba de eso. Pero ahora los militares y todas las autoridades saben y se benefician de ese sistema”, recalcó.
Esquema de explotación
El presidente de Ecoprácticas, Fernando Jáuregui, describió el esquema de participación y responsabilidad que tiene cada grupo en la actual explotación de minerales en el Arco Minero del Orinoco.
Ese sistema estaría encabezado por el Estado que ha otorgado concesiones a transnacionales de minería, e incluso a compañías a las que Chávez les revocó la concesión, como Gold Reserve. Luego, por los denominados mineros artesanales que trabajan por su cuenta; después, por los llamados empresarios de mediano tamaño que trasladan grandes bombas de agua y de gasolina para que succionen la tierra del fondo del río, que son los que más afectan a la naturaleza y, por último, por un grupo cívico militar que se encuentra encargado de controlar y comercializar todo lo referente al oro.
“Están los que se llaman los pranes del oro que son organizaciones civiles mafiosas como las que hay en las cárceles. También integran un conjunto cívico militar porque hay elementos de la Guardia Nacional Bolivariana y del Ejército que están involucrados en el manejo y protección del desastre ambiental que se está haciendo allá”, indicó.
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Precisó que aunque no pueda confirmar la presencia de guerrillas colombianas en la zona, sí ha conocido innumerables denuncias al respecto. Sobre todo que el ELN se ha adueñado de territorios donde ni siquiera funcionarios de la Fuerza Armada Nacional pueden ingresar.
Amplió que el Banco Central de Venezuela compra parte del oro que proviene de esa explotación ilegal para usarlo en el gasto fiscal de la nación.
«Con ese oro que llega al BCV se está destruyendo una de las reservas de agua más fructíferas no solo de Venezuela, sino del continente», advirtió.
Rutas de tráficos
Jáuregui dijo que solo una porción mínima del oro de la minería ilegal llega al BCV, pues la mayoría se trafica a islas de la región. Como es el caso de Curazao que, asegura, es uno de los más grandes exportadores de ese mineral cuando no existen minas en ese territorio.
“Lo que está pasando entonces es que ese oro ilegal que sale de Venezuela llega a Europa a través de esa colonia holandesa. Posiblemente hay otras islas involucradas… Mucho de este oro termina en las arcas de bancos internacionales en Holanda, Inglaterra y Francia. Lugares que son parte del mismo sistema financiero que crítica el gobierno”, insistió.
Impacto sobre la biodiversidad del Amazonas
Jáuregui considera que Venezuela posee la mejor parte de la Amazonia. Sin embargo, el Arco Minero que se ubica en el sur del Orinoco ha traído efectos devastadores a la biodiversidad.
“Aunque no echa humo como los incendios que devastaron la Amazonia en Brasil y en Bolivia, aquí la cifra de deforestación es casi tan alta, pero silenciosa”, advirtió.
Manifestó que aunque es difícil conocer la dimensión exacta del daño que la minería ilegal ha causado en la zona, Venezuela se sitúa entre la segunda y tercera posición de los países con mayor deforestación en América Latina.
“El problema es que más allá de la destrucción que se puede ver, se está generando una cantidad de residuos de tierra y de químicos como son el mercurio y el cianuro en la aguas que continúan destruyendo la diversidad”, alertó.
Los ríos que pasan por el Arco Minero del Orinoco son dragados por los mineros artesanales, que utilizan mercurio y cianuro, elementos que envenenan el agua potable de la región.
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente señala que no existe cura o nivel de exposición seguro para el envenenamiento con mercurio, que puede causar daños irreversibles neurológicos y de salud.
Efectos en la población venezolana
Aseguró que las comunidades indígenas se han visto afectadas por diferentes razones: “La primera es que existe un alto porcentaje de mercurio que ha contaminado los ríos donde pescan y toman agua; la segunda es la agresión directa por parte de mineros e incluso de miembros de la FAN y la guerrilla colombiana; la tercera es que en muchos casos han tenido que desalojar sus zonas para protegerse de todas esas cosas; la cuarta es que son los primeros afectados por la parte ambiental, pues no solo se están envenenando con mercurio, sino que sus sitios de caza están mermando”.
Las principales comunidades en recibir el impacto ambiental son las que se encuentran situadas en el estado Bolívar, luego las etnias warao que están ubicadas a lo largo del Delta del Orinoco y, por último, el Caribe, pues el agua de ríos venezolanos desemboca ahí, de acuerdo con el especialista.
“Esto puede llegar a afectar incluso a islas como Trinidad y Tobago, que están tan cerca de nosotros. La deforestación a esta escala es tan grande que acelera el cambio climático”, recalcó.
Propagación de la minería ilegal
El diputado a la Asamblea Nacional Américo De Grazia aseguró que la minería ilegal ya no solo ocupa 12% del territorio nacional, sino que en la actualidad abarca 50%.
El decreto N° 2248 publicado en la Gaceta Oficial del 24 de febrero de 2016, establece en el artículo 2 que la delimitación del Arco Minero del Orinoco es de 111.843,70 kilómetros cuadrados.
Un territorio más grande que países como Cuba que tiene 110.860 kilómetros cuadrados, Guatemala con 108.889 kilómetros cuadrados, Corea del Sur con 100.210 kilómetros cuadrados, Emiratos Árabes Unidos con 83.600 kilómetros cuadrados, Irlanda con 70.273 kilómetros cuadrados y Portugal que tiene una superficie de 92.090 kilómetros cuadrados.
El parlamentario indicó que ese 50% en el que se ha propagado la explotación ilegal de minerales corresponde a los estados Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas.
«Si se divide a Venezuela en 2 grandes pedazos, estos 3 estados equivalen a más de 50% del territorio nacional. En todos ellos hay actividad minera, extractivista y ahí se originan todos los desastres ecológicos que ya hemos venido denunciando en otras ocasiones», dijo.
Por último, aseguró que el ELN está vinculado con los militares venezolanos en todo lo relacionado con la minería ilegal.
«Aquí no se hace absolutamente nada si la élite militar venezolana no lo avala con su complicidad. Hemos dicho, incluso, que no hay lealtad, sino sociedad entre la élite militar y el régimen chavista y madurista, porque esto no lo inició Maduro, sino Hugo Chávez», finalizó Américo De Grazia.