Medellín-casa consulado
FOTO EL TIEMPO

En el limbo no solo están los trámites consulares de los venezolanos que viven en Medellín, sino también la vida de Consuelo Berrío.

Esta viuda de 80 años de edad es la propietaria de la casa en la que funcionó por más de 30 años la sede diplomática de Venezuela. Pero desde hace 3 años no recibe un solo peso por el arriendo al que tiene derecho y tampoco puede ingresar al lugar, reseñó El Tiempo.

La circunstancia que padece hoy obedece a que el 23 de febrero del 2019 Nicolás Maduro rompió relaciones con Colombia y les dio 24 horas a los diplomáticos de esa nación para salir del país. Los funcionarios abandonaron el inmueble en el sector Belén-Rosales, en el occidente de la ciudad, y dejaron el consulado cerrado.

La casa de dos plantas y balcón, en donde cuelga una bandera enrollada, rota y desgastada al lado del escudo venezolano, se encuentra deteriorada.

“Esto está abandonado y tiene una humedad terrible que me está afectando no solo mi vivienda, sino también mi salud y la de mi mamá, quien con la humedad empeora porque padece enfermedad pulmonar obstructiva crónica”, dice María Romero, vecina del antiguo consulado.

El inmueble está protegido por la Convención de Viena, que establece las normas sobre las Relaciones Diplomáticas y en uno de cuyos artículos dice: «Los locales de la misión son inviolables. Los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión».

Así las cosas, Consuelo Berrío no ha podido entrar a la que es su propiedad, por cuyo arriendo el Estado venezolano la adeuda, con fecha a este 5 de septiembre, 204 millones de pesos. El contrato por el alquiler de la casa es de 6 millones de pesos mensuales.

Ella cuenta que justo cuando llegó la crisis diplomática que la afectó con su propiedad, perdió a su esposo. El dinero del arriendo les permitía pagar otra vivienda en la ciudad y vivir cómodamente.

Pero al no tener con qué pagar más arriendo, tras el incumplimiento de Venezuela, le tocó irse a vivir a Bogotá, donde un hijo. Sin embargo, su salud se ha visto deteriorada debido al frío de la capital, así como por el estrés de la incertidumbre con su casa, sin aparente solución a corto plazo.

El abogado litigante Luis Bedoya, quien lleva el proceso de la señora Berrío, explicó que la casa está avaluada en 600 millones de pesos. Agregó que efectivamente hay mucha incertidumbre sobre el caso, puesto que se ha encargado de agotar todas las instancias legales y jurídicas en Colombia en busca de que se le reconozca el dinero a su apoderada y se restituya su propiedad, lo cual hasta ahora no ha podido lograr.

Como las instancias judiciales no les han ayudado, argumentando que jurídicamente no se puede hacer nada en este caso porque no tienen competencia ni jurisdicción, ahora le piden a la Cancillería de Colombia, que debe velar por los intereses y las buenas relaciones con los países vecinos, y en cabeza de Marta Lucía Ramírez, que también es  vicepresidenta de Colombia, que atienda este asunto, pues es la única que puede hacer algo con esta situación tan compleja que afronta su apoderada, agregó el abogado.

Bedoya precisó que a través de correos electrónicos y escribiendo a la Cancillería pretende que muy pronto se encuentre una solución. De hecho, interpuso una tutela para que la Cancillería responda porque ha hecho poco o nada frente a esta situación que no se está presentando solo en Medellín, sino en otras ciudades donde había consulados, como Cali y Barranquilla, porque en la ciudad de Bogotá la propiedad prácticamente fue destruida y saqueada.

El otro caso es el que viven los venezolanas que llegan hasta allí con la intención de renovar o de que les expidan el pasaporte.

Leidy Vargas, natural de Maracaibo, estado Zulia, llegó con la intención de actualizar sus documentos para acceder a un empleo, pero se encontró con una reja cerrada que le impedía el paso.

“Necesitamos los documentos para trabajar o estudiar, pero nada que los podemos sacar por ningún lado con los consulados cerrados. Si queremos viajar, debemos irnos por las trochas por falta de documentos, no es justo”, expresó Vargas.


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